2009
29/01/2010
ACTUALIDAD: Severos cuestionamientos a México en materia de derechos humanos
31/03/2010
Por primera vez en 16 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no celebró -por lo menos públicamente- el aniversario del levantamiento armado del 1º de enero de 1994. Ese día los «Caracoles» se cerraron generando cierta especulación y fomentando rumores respecto a los planes de los zapatistas para este tan simbólico 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México (1810) y el Centenario de la Revolución Mexicana (1910). En este marco, legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados señalaron que está latente una nueva rebelión indígena no sólo en ese estado, argumentando que se ha incrementado la pobreza extrema, quedaron inconclusas las reformas en materia de autonomía y existe un abandono de las políticas para ese sector.
De por sí, muchas voces, tanto a nivel local como nacional, han expresado en los últimos meses su preocupación por lo que pudiera suceder este año: políticos, líderes corporativos u organizaciones sociales han advertido sobre la posibilidad de que se produzca un estallido social. A través de ello, algunos pueden buscar negociar presupuesto, programas o concesiones de distinto tipo; otros, desde el poder, pueden pretender usarlo como pretexto para confrontar, reprimir o desarticular a la oposición.
Este escenario, ciertamente anclado en un imaginario colectivo compartido por gran parte de la población, marca un punto de inflexión para el conflicto armado no resuelto en Chiapas: de tema relegado en los medios y en la agenda política nacional, volvió a ser mencionado y objeto de iniciativas por parte de distintos actores políticos. Algunas parecieron pretender atender puntos no resueltos en el proceso de negociación que se dio en su momento entre el EZLN y el gobierno federal (suspendido desde 1996); otras en cambio se leyeron como prolongación de una lógica contrainsurgente.
Por las buenas…
Pareciendo querer adelantarse a lo que pudiera darse en Chiapas, se presentaron iniciativas gubernamentales tanto a nivel estatal como federal entre noviembre y enero. El 24 de noviembre el Congreso local informó que las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas habían solicitado ser reconocidas legalmente. Posteriormente las JBG de los 5 Caracoles desmintieron esta noticia: «Nosotros los Zapatistas no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos que no son del pueblo porque nosotros ya somos reconocidos por nuestro pueblos quienes nos eligieron y somos ya reconocidos por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional. (…)Todo estas mentiras del mal gobierno, de sus diputados y sus cómplices, es parte de un plan contra insurgente para confundir a la opinión pública y para golpear la resistencia de nuestros pueblos en la lucha por construir su Autonomía».
El 29 de diciembre, el Congreso local aprobó la «Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas», iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado con el objetivo de «reconocer los Acuerdos de San Andrés», y que los pueblos y comunidades indígenas tengan las mismas oportunidades de desarrollo basadas en el respeto de sus costumbres. Analistas y organizaciones señalaron el carácter discursivo y mediático de esta iniciativa: por un lado, alertaron que queda acotado el reconocimiento de los derechos indígenas «siempre y cuando no contravengan los preceptos de las constituciones estatal y federal o derechos de terceros»; y por el otro, cuestionaron la ausencia de consulta a los grupos a los que va dirigida.
A nivel federal, en enero, el Congreso de la Unión relanzó la Cocopa (Comisión de Concordancia y Pacificación), una instancia legislativa creada en 1995 para coadyuvar en las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN que se había mantenido desactivada por varios años. Al respecto, el senador perredista Carlos Navarrete dijo que se busca evitar nuevos alzamientos armados y no hay que esperar que las cosas se compliquen. Consideró importante atender la situación en Chiapas, sensibilizar al gobierno y atender las carencias que se tienen. A principios de enero, los integrantes de la Cocopa habían viajado a Chiapas según expresaron para buscar a todos los actores ligados de forma directa o indirecta al EZLN y enviarles una invitación para retomar las negociaciones.
Todas estas iniciativas recuerdan otras etapas del conflicto en las que el Estado pareció querer atender las causas estructurales detrás del levantamiento, pero sin la participación de los zapatistas. En todo caso todas se leerían todavía como acciones «por las buenas» cuando paralelamente se han seguido denunciado elementos que parecieran responder mucho más a una estrategia «por las malas».
Por las malas…
Desde principios de noviembre, se fueron denunciando tanto retenes como incursiones policíacas y/o militares en distintas comunidades del estado, supuestamente para llevar a cabo operativos de desarme. De manera más abierta, el 30 de diciembre, llegaron a Chiapas un total de 36 vehículos artillados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Fuentes del gobierno estatal informaron que «el operativo de disuasión es para enfrentar cualquier eventualidad y disturbios en los 118 municipios, incluyendo patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos». El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ahondó: «para finales del año 2009, el gobierno implementó medidas operativas para monitorear movimientos en campo, intervenir todo tipo de comunicaciones, operar campañas de desarme en comunidades indígenas, instalar retenes policiacos en distintos puntos del estado de Chiapas y, aprovechando el discurso de la lucha contra la delincuencia organizada, reposicionar al ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil».
Sin embargo, cabe subrayar que la tensión disminuyó en el municipio de Venustiano Carranza, uno de los principales focos rojos en el 2009. El 23 de diciembre, luego de llegar a acuerdos con el gobierno estatal a nivel político, económico y social, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) levantó el plantón que había mantenido en San Cristóbal de Las Casas por cerca de dos meses. En el marco de las negociaciones, el gobierno del estado reconoció no poder incidir para impedir la militarización de las comunidades indígenas, siendo la misma una decisión de carácter federal.
Otro eje reiteradamente mencionado a lo largo del 2009 hasta la fecha, tanto en Chiapas como a nivel nacional, ha sido la criminalización creciente de los defensores de derechos humanos a través, entre otros, de vigilancia, hostigamientos, amenazas y allanamientos. En diciembre, al celebrarse el Día Mundial de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) publicó un boletín especial en el que denunció: «En este año la labor de defensa de los derechos humanos se ha criminalizado al grado de considerar a las defensoras y defensores de derechos humanos como parte de la delincuencia organizada o como parte de una supuesta red de subversión que para el año 2010 desestabilizará al Estado». Uno de los ejemplos más reciente de esta tendencia fue la denuncia, desde noviembre pasado, de varios actos de hostigamiento (incluyendo amenazas de muerte) a Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de Enlace Comunicación y Capacitación en Comitán.
Esta criminalización se observa en forma todavía más contundente cuando los actores organizados para la defensa de sus derechos no son organizaciones no-gubernamentales (ONG) sino organizaciones sociales o indígenas. Un ejemplo extremo de ello fue el asesinato de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Frente Cívico de Chicomuselo en contra de la minera canadiense Blackfire, a finales de noviembre. Había denunciado tanto amenazas de muerte en su contra, como presiones del presidente municipal de Chicomuselo, quien recibía jugosas ganancias y favores de Blackfire, según lo informado por los mismos funcionarios de la empresa a los diarios locales.
Un elemento clave en esta tendencia a la criminalización ha sido el papel de los medios de comunicación, aspecto que quedará ilustrado en los dos casos que mencionaremos a continuación.
Bolón Ajaw: versiones contradictorias
El 6 de febrero se presentó un nuevo conflicto por el predio de Bolón Ajaw, municipio de Tumbalá (norte de Chiapas). Dicho predio ocupado por los zapatistas desde 1994, perteneciente al municipio autónomo Comandante Ramona, se encuentra a cuatro kilómetros de Agua Azul, con cascadas aún no explotadas turísticamente.
El Centro de Derechos Humanos Agustín PRO tituló una de las entradas de su síntesis de Medios «Enfrentamiento en Chiapas genera campaña mediática contra comunidades- Medios de la Cd. de México destacan en portada «ejecución» y «desapariciones» por parte de zapatistas». La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) afirmó que el conflicto dejó 1 muerto, 5 detenidos, 28 lesionados de los que 13 fueron hospitalizados con heridas de bala, arma blanca y golpes. Según la PGJE, el conflicto se detonó en enero cuando los zapatistas de Bolón Ajaw pidieron apoyo de las comunidades simpatizantes de Oxchuc, Alan Sacjun, Salto del Tigre y Bachajón para impedir que miembros de la Organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos (Opddic), limpiaran el sendero que va desde las Cascadas de Agua Azul a las de Bolón Ajaw (actividad que pretendían realizar con el fin de incentivar el turismo).
Otros medios rescataron la demanda penal contra la Opddic, pendiente desde febrero de 2008 por agresiones, lesiones, amenazas e intento de homicidio, contra organizaciones no gubernamentales y bases de apoyo del EZLN, justamente en Bolón Ajaw. Unos más también aludieron a la denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Morelia, del 23 de enero de 2010, sobre agresiones de la Opddic en el mismo predio. Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, agrupados en La Otra Jovel, denunciaron que en el ejido Bolón Ajaw, «los pobladores son hostigados desde hace varios años por otros indígenas que el gobierno ha organizado y armado como grupos paramilitares».
En un comunicado del 11 de febrero, la Junta de Buen Gobierno de Morelia aclaró lo sucedido en Bolón Ajaw y denunció: «el reinicio de ésas trampas como actuaron los pasados gobiernos que inventan delitos para que tengan justificaciones para la represión».
© Red MyC zapatista
Sobre el conflicto del 6 de febrero, apuntalaron: «Las mentiras de la OPDDIC dicen que (les) sorprendimos en la madrugada asustando la población, cuando nosotros fuimos los sorprendidos. (…) Por los disparos indiscriminados que hicieron en el poblado Bolón Ajaw, ellos mismo mataron a sus compañeros porque estaban amontonados disparando».
Sobre los detenidos explicaron «Las 7 personas dizque secuestrados ya están entregadas con vidas, sanos como estaban, ellos firmaron un papel cuando fueron liberados reconociendo que fueron respetados. (…) Propusimos que se liberarán con la condición de que se comprometan de no volver a ocupar el terreno y que, se restablezca la tranquilidad. Eso fue nuestra palabra y cumplimos con honor y verdad».
El comunicado también mencionó «el mensaje de Juan Sabines Guerrero, que se dialogue el problema que de lo contrario insinuó que entrarán el ejército y se rompería el dialogo y reinicia las hostilidades» (sic).
El 12 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) emitió un pronunciamiento en el que afirma que «el gobierno de Chiapas busca evadir su responsabilidad en el conflicto suscitado y denunciado desde el 2007, e intenta culpar a las Bases de Apoyo Zapatistas del ataque armado contra el poblado zapatista de Bolón Ajaw». Denunció que «el gobierno federal presiona para que se realice una intervención militar contra los zapatistas e incrementa operaciones de inteligencia de fuerzas mixtas». En el informe más amplio que fue publicado posteriormente, enfatizó que la región de Agua Azul y Bolón Ajaw «se ha convertido en motivo de interés para la aplicación de planes y proyectos de inversión para el turismo, situación que ha colocado a este territorio como objetivo de control.» Cabe subrayar que toda la zona colindante ha constituido un foco rojo desde por lo menos el 2008 también en el caso de los miembros de la Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón que controlan la caseta de entrada a las cascadas de Agua Azul.
Otro ejemplo: desalojos en Montes Azules
El 22 de enero, alrededor de 120 indígenas que habitaban desde hace 20 años El Semental y Laguna San Pedro, en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, fueron desalojados por policías federales, militares y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El gobierno estatal informó que dicho desalojo había sido pacífico, y que las familias serían reubicadas. El 26 de enero, informó que para reforestar y establecer un centro ecoturístico se desalojarían a 7 poblados más.
Contradiciendo esta versión, en un comunicado del 29 de enero, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha denunció el desalojo violento de la comunidad Laguna San Pedro, afirmando que los habitantes (zapatistas) fueron forzados a subir en helicópteros y traslados a la ciudad de Palenque, mientras sus casas fueron quemadas con todos sus pertenencias.
En el caso de los desalojos, la Red por la Paz en Chiapas emitió un comunicado en el que señaló «la estigmatización y señalamientos que se hacen sin previa investigación y cobertura de las distintas fuentes no oficiales. Consideramos que el señalamiento público, que difunde únicamente la versión gubernamental de los hechos, pone en riesgo la integridad de las familias desplazadas, la de los defensores de derechos humanos que les acompañan y la de los habitantes de las comunidades amenazadas con ser desalojadas. Como organizaciones civiles, con trabajo documentado en la zona, no aceptamos el discurso de «conservación y protección a los recursos naturales» que ha sido utilizado por los distintos niveles de gobierno para obtener el control territorial que se traduce en control social, político y económico de una de las zonas más ricas en biodiversidad de Chiapas».
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BREVES
Militarización y derechos humanos
Tanto el informe de Human Rights Watch como la investigación de Amnistía Internacional «México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército», siguen recalcando el marcado aumento de los abusos a manos del ejército en los últimos años. Por otro lado, de manera general y en distintos foros, el gobierno federal sigue justificando la militarización de la seguridad pública, minimizando las violaciones de derechos humanos por parte de militares y descalificando a los organismos nacionales e internacionales que han documentado este tipo de situaciones. Se calcula que la guerra contra el narcotráfico ya cobró la vida de 16.500 personas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, una cifra que supera la tasa de homicidios de ciudades como Medellín y Nápoles en sus momentos más álgidos.
Iniciativa Mérida
A pesar de la preocupación expresada por varios legisladores por las denuncias contra militares mexicanos, a mediados de diciembre, el Senado estadunidense aprobó con una amplia mayoría la ley conjunta de gastos para el año fiscal 2010, que incluye 231.6 millones de dólares para México en el contexto de la Iniciativa Mérida. El 1º de febrero, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó 310 millones de dólares del presupuesto federal del año fiscal 2011 para dicha Iniciativa. Luego de que en los tres años iniciales se privilegió la compra de aeronaves y equipo, se supone que estos fondos abrirán una nueva etapa y serán destinados a «apoyo institucional». Para contrastar esta información algunos medios subrayaron que el presupuesto de EU considera una dotación de 4 mil 600 millones de dólares para fortalecer a la patrulla fronteriza y avanzar en la construcción del muro fronterizo, lo cual es leído mayoritariamente como un endurecimiento en la política migratoria de EU.
Impunidad
- 12 años después de la masacre de Acteal, La Sociedad Civil Las Abejas convocó el día 21 de diciembre a un Foro de Conciencia y Esperanza, Construyendo la Otra Justicia. El día siguiente, en presencia de más de 600 personas se declaró a Acteal «Sitio de conciencia de la Humanidad». El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presente el 22, definió la masacre de Acteal como «el hecho más cruento de la historia reciente de México» y denunció: «el olvido y la impunidad no son la respuesta que se espera de un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos».
- A nivel nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco en 1974, y denunció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la «Guerra Sucia». También cuestionó el fuero militar y ordenó a las autoridades mexicanas adoptar reformas para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios.
