Actividades de SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2011)
29/04/2011
ANÁLISIS: México, Cuestionamientos internacionales y nacionales por las consecuencias de la estrategia de lucha contra el narcotráfico
30/11/2011
Del 2 al 9 de julio, Navathem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una visita de seis días en México. Al concluirla, expresó especial preocupación por el «incremento en los reportes de violaciones de derechos y el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado en el desarrollo de sus acciones en contra del crimen organizado» (se habla ya de más de 40 mil muertos), por las agresiones a migrantes, a los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, así como por la situación de los pueblos indígenas.
© SIPAZ
El 12 y 13 de agosto, defensores de derechos humanos y periodistas se reunieron en la Ciudad de México para llevar a cabo su Cuarto Encuentro Nacional. Señalaron un grave retroceso frente al contexto de violencia imperante en la llamada guerra contra el narcotráfico. Además, se mostraron alarmados con los mensajes incongruentes del Estado respecto a sus obligaciones internacionales: tal como la respuesta que ha dado a la Ley de Seguridad Nacional, la militarización, la aplicación del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos, la represión, la impunidad, el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Denunciaron encontrarse en peligro permanente, al haberse incrementado los hostigamientos, actos violentos e, incluso, asesinatos en su contra. Además, expusieron que se enfrentan a campañas de desprestigio y al uso del sistema penal para criminalizar su labor.
© SIPAZ
Dos momentos y dos miradas que en lo mismo: el deterioro generalizado del contexto prevaleciente en el país en materia de derechos humanos.
Movimiento por la Paz: altibajos en el diálogo con autoridades y con la sociedad civil (ver enfoque)
Uno de los catalizadores del descontento social ha sido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que se constituyó en abril de este año. El 4 de junio convocó la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, también llamada «Caravana del consuelo por la ruta del dolor y la sangre». En los siete días que duró, poco más de 500 personas recorrieron casi 3 mil kilómetros de distancia (de Cuernavaca a Ciudad Juárez). El 10 de junio fue firmado el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad en Ciudad Juárez. El poeta Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento, advirtió al gobierno que, de no tomar en cuenta los puntos establecidos en el Pacto, se convocaría a una resistencia civil con movimientos regionales, evasión del pago de impuestos y un boicot al proceso electoral de 2012.
El 23 de junio, varios integrantes del Movimiento se reunieron con el presidente Felipe Calderón e integrantes de su gabinete. Varias voces de antemano anunciaron que este encuentro estaba destinado al fracaso, ya que el movimiento de Sicilia pretendía por la vía del diálogo convencer al gobierno de terminar con una situación de violencia que también responde a intereses económicos y políticos del grupo en el poder. Sin embargo, el grupo en torno al poeta logró sentar al ejecutivo federal para que escucharan los testimonios de familiares de víctimas del combate a la delincuencia organizada. Esta decisión implicó no obstante un distanciamiento de otros actores de la sociedad civil al negociar con el gobierno.
El 22 de julio se iniciaron mesas de trabajo entre el Movimiento y el gobierno federal para abordar temas como: atención y seguimiento a casos de procuración de justicia y revisión integral de la estrategia nacional de seguridad, entre otros. El Movimiento suspendió el diálogo con el poder legislativo el 9 de agosto, tras la aprobación de la minuta de Ley de Seguridad Nacional al considerar que la misma «abonaría al autoritarismo y a la guerra». El 14 de agosto en la Ciudad de México, algunos miles de personas se movilizaron en contra de dicha propuesta de ley, y para denunciar los excesos de la guerra contra el narcotráfico. En este marco, Javier Sicilia aseveró que «nuestro movimiento es por la paz, y ésta no es posible sin diálogo». Por ello, anunció que «pese a las traiciones, a los albazos y simulaciones de los legisladores», reanudarían el diálogo.
Agenda legislativa y judicial: algunos avances, múltiples riesgos
En cuanto a avances en materia de derechos humanos, en mayo, se concretó la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que muchas organizaciones civiles nacionales e internacionales consideraron como el paso más importante que el país ha dado en muchas décadas en este campo. Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recordó no obstante que ahora vienen otras tareas, como la aprobación de leyes secundarias.
Muy convenientemente, cuando se venía discutiendo desde hace meses, justamente el marco de la visita oficial de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno mexicano publicó un punto de acuerdo para establecer las bases de un Mecanismo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos. Varias organizaciones de la sociedad civil saludaron el acuerdo, sin embargo, señalaron deficiencias: faltan por definir convenios con los estados, mecanismos para garantizar la participación de las organizaciones civiles y un presupuesto interinstitucional para su implementación, entre otros.
El 12 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares tendrán que ser sancionadas por tribunales civiles. Esta decisión resulta de alta relevancia frente al despliegue de decenas de miles de soldados en la lucha contra las drogas y cuando el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos ha aumentado de forma dramática. En la misma sesión, el máximo tribunal de justicia también resolvió que todos los jueces mexicanos están obligados a analizar la compatibilidad de una determinada norma con respecto a las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
La aprobación e implementación de este tipo de resoluciones y leyes no se ha dado sin tira y afloja. En julio por ejemplo, el titular de la Secretaría de Marina afirmó que los grupos delictivos tratan de manchar el buen nombre de las instituciones utilizando a grupos ciudadanos y la bandera de los derechos humanos, «con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad». Ante estas declaraciones, organizaciones civiles rompieron el diálogo que mantenían con el gobierno hacia la construcción del mecanismo para la protección de defensores.
En cuestiones legislativas, la Ley de Seguridad Nacional aprobada en lo general por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados es la que ha generado más rechazo por parte de especialistas y organizaciones de derechos humanos. Cuestionan en particular que establecería «un régimen cívico-militar con poderes de excepción inusitados para las Fuerzas Armadas, que estarían facultadas para intervenir sin controles democráticos en asuntos de seguridad pública y justicia penal».
Cabe subrayar que todas estas discusiones se dan en un contexto en un contexto preelectoral (elecciones federales en julio de 2012), en los que varios actores comenzaron a jugar sus cartas en función de intereses personales y/o partidistas dentro de un escenario que excede al actual.
Polémica alrededor de intervención(-ismo) estadounidense en México
El gobierno de los Estados Unidos ha estado sosteniendo la lucha contra la delincuencia organizada, emprendida por Felipe Calderón, con recursos y entrenamiento, en particular -pero no exclusivamente- a través de la «Iniciativa Mérida» (IM, desde 2007). A pesar de los resultados cuestionables de la IM (detención de una treintena de capos del narcotráfico contrapuesto a más de 40 mil muertes, 10 mil desaparecidos y un flujo de droga que no parece disminuir), se ha informado que Estados Unidos pretende seguir aumentando su apoyo económico.
Otro elemento que hizo correr tinta fue el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, cuyo último puesto fue en la embajada en Kabul, Afganistán, lo cual dejaría entrever el diagnóstico y apuesta estratégica de EEUU para México. Wayne ha afirmado que dará prioridad a la Iniciativa Mérida como una parte vital de las relaciones entre los dos países
La intervención de EEUU a través de la Iniciativa Mérida ha sido calificada de intervencionismo por parte de varios analistas, en particular después de que un artículo publicado por el diario The New York Times, en él se sugiere que la Casa Blanca estaría enviando un equipo de miembros de la CIA y contratistas para que trabajen con las unidades especiales mexicanas. El diario aseveró en este mismo artículo: «Funcionarios en ambos lados de la frontera dicen que se han diseñado nuevos métodos para dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohíben que fuerzas militares y policiales extranjeras operen en territorio mexicano».
CHIAPAS: Señales contradictorias
© SIPAZ
El principal eje de conflictividad en el estado, sigue girando alrededor del tema de Tierra y Territorio. Se realizó un número particularmente alto de denuncias por parte de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas. En la mayoría de los casos, los conflictos se originan presuntamente por disputas de tierras «recuperadas» por los zapatistas, o pasan por amenazas de despojo de tierras y derechos. En el caso de La Garrucha incluyen agresiones armadas contra sus bases.
El 24 de julio fueron liberados cuatro presos del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, que habían sido encarcelados en febrero pasado luego de un enfrentamiento por el control de la caseta de cobro en la entrada de las cascadas de Agua Azul. El quinto preso (menor de edad), había sido liberado bajo caución poco antes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas declaró que aunque los ejidatarios recuperaron su libertad física, aún siguen ‘presos‘ de un «proceso unilateral, con la policía y el Ejército federal en sus tierras, y ante proyectos gubernamentales que no fueron consultados con los pobladores».
Otros actores fuera de los zapatistas o de procesos cercanos (ya que los ejidatarios de Bachajón son adherentes a La Otra Campaña, iniciativa convocada por el EZLN en 2005) también han sido objeto de represión. A fines de mayo, habitantes de la Ciudad Rural Sustentable (CRS) Nuevo Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, denunciaron persecución y hostigamiento policíaco por manifestarse pacíficamente para demandar al gobierno el cumplimiento de sus compromisos luego del desastre por el taponamiento del Río Grijlava en 2007. Ocho miembros de la comunidad y su abogado habían sido encarcelados en abril. Luego de más de 3 meses de permanecer detenidos, fueron liberados en junio. Cabe mencionar que días previos se publicaron en distintos medios, una serie de notas críticas referidas a la situación de estos presos y de los demás damnificados, así como críticas al proyecto de CRS del gobierno del estado.
© SIPAZ
En cuanto a defensores de derechos humanos y periodistas, el caso de mayor gravedad fue la denuncia de al menos tres atentados recientes contra el vehículo del párroco de Chenalhó, Marcelo Pérez, «un sacerdote comprometido con la verdad y la justicia» en palabras de la Sociedad Civil Las Abejas. Eso justificó el intercambio de párrocos entre Chenalhó y de Simojovel. Por otro lado, en una carta publicada en junio, los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal hicieron un recuento de hostigamientos, calumnias y vigilancia de las que han sido objeto por parte de distintas autoridades del gobierno de Chiapas en semanas recientes. El 29 de junio, integrantes de la Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. se reunieron con el Gobernador de Chiapas y otros miembros de su gabinete, quienes se comprometieron a respetar la integridad de los reporteros, y al cese de las agresiones mediáticas. En materia de derechos humanos, se dio un avance en julio, cuando el Congreso de Chiapas declaró suprimida la figura del arraigo judicial, medida cautelar cuya aplicación ha sido fuertemente cuestionada por Naciones Unidos, penalistas y defensores de derechos humanos.
En un hecho, que algunos ven como inicio del contexto preelectoral (elecciones a gobernador en agosto de 2012) más que como un avance en la lucha contra la impunidad, en junio, Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas (2000-2006) fue arrestado y trasladado al penal de El Amate (que él mismo construyó en 2005), acusado por delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa, entre otros. La procuraduría de Justicia de Chiapas negó que la detención fuese una revancha política de parte del actual gobernador Juan Sabines (dado que son evidentes sus diferencias con el ex mandatario chiapaneco). De manera más general, la impunidad no acaba de retroceder siquiera en los casos más emblemáticos como el de la masacre de Acteal: en agosto la Sociedad Civil Las Abejas organizó una Jornada de Acción por la Justicia y la Verdad: «Acteal a 2 años de la liberación de los paramilitares por la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, nuestra memoria viva, lucha contra la impunidad».
OAXACA: pendientes para el gobierno de Gabino Cué
En cuanto a impunidad se refiere, una posibilidad de avance se abrió a inicios de julio, cuando Lizbeth Caña Cadeza presentó la renuncia a su cargo público. Organizaciones civiles exigieron al Ministerio Público iniciar una investigación por su papel como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la administración de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010). La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), sostuvo que hay pruebas suficientes para fincarle responsabilidades en casos de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el conflicto social del 2006. A la fecha no se ha iniciado ninguna línea de investigación en esta clave. El 10 de agosto, otro recordatorio de los pocos avances en la lucha contra la impunidad en los casos de violencia vinculados al conflicto político-social de 2006: 21 personas de diferentes organizaciones realizaron un ayuno para exigir justicia en el caso del asesinato de José Jiménez Colmenares.
Otro de los frentes abiertos, para el gobierno del estado, siguen siendo las relaciones conflictivas con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ha multiplicado paros, marchas y plantones en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, además de realizar movilizaciones callejeras al declarar como «mínimas insuficientes» las respuestas a su pliego de demandas, y al seguir pidiendo justicia en casos de desapariciones y asesinatos de maestros.
Otro foco rojo que se reactivó en semanas recientes: en agosto, tres indígenas triquis, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT-I) y originarios de Agua Fría Copala fueron emboscados y asesinados a balazos. El MULT-I atribuyó el triple homicidio al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), vinculados respectivamente al Partido Unidad Popular y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). MULT, MULTI y Ubisort se han disputado el control de la zona, dejando un saldo de por lo menos 500 personas muertas en las últimas tres décadas.
En cuestiones vinculadas a Tierra y Territorio, en junio, ejidatarios de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, denunciaron que fueron amenazados por representantes de la empresa española Demex, quienes arribaron con Agentes Estatales de Investigación (AEI), armados y a bordo de una camioneta sin placas. Dichos ejidatarios organizaron una protesta, debido a que Demex no cumplió con lo que ofrecido a cambio del arrendamiento de sus tierras y para evitar más daños ambientales por la ejecución de un proyecto eólico en las mismas. Eso es sólo un ejemplo de una situación, que en el marco de su visita reciente al estado de Oaxaca, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ubicó como un problema más genérico al manifestar su preocupación por el impacto que tienen los proyectos de desarrollo en tierras y territorios indígenas del país.
De manera más general, varios analistas consideran que una gran parte de la conflictividad político-social actual en el estado se debe al reposicionamiento del Partido de la Revolución Institucional (PRI) ya como oposición después de 80 años en el poder y todavía con una fuerte presencia en el Congreso y en los gobiernos locales.
GUERRERO: Conflictividad mantenida, justicia en espera
El 16 de junio, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reabrió su oficina en Ayutla de los Libres, luego de dos años de permanecer cerrada por agresiones en su contra. Tomaron esa decisión para continuar defendiendo los derechos humanos en la región, a pesar de considerar que los riesgos se mantenían. De hecho, el mismo día, los dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, fueron amenazados de muerte en caso de continuar con la exigencia del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas violadas por militares en 2002. Dicho mensaje, escrito a mano, hacía extensiva la amenaza a Tlachinollan.
Dos semanas después, la OPIM sufrió un nuevo hostigamiento por vía legal: uno de sus integrantes, beneficiario de Medidas Provisionales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rafael Rodríguez Dircio, fue encarcelado por la misma acusación por la que fueron detenidos en 2008 cinco integrantes de la OPIM, entre los cuales se encontraba Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional que permaneció privado de su libertad hasta agosto de 2010. Al no contar con pruebas para procesarlo, el juez resolvió auto de libertad para Rafael Rodríguez el 7 de julio. Tlachinollan recordó que existen otras cuatro órdenes de aprensión contra de miembros de la OPIM por este mismo delito.
Mientras se mantienen los hostigamientos hacia defensores y defensoras de derechos humanos en la zona de La Montaña, la situación de violencia en la Sierra de Petatlán en la Costa Grande de Guerrero, agrava día a día. A mediados de mayo, 107 personas tuvieron que abandonar la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, para refugiarse en Puerto las Ollas, debido a la ola de violencia que se vive en la zona. Aún sin condiciones, decidieron regresar a su comunidad a finales de julio. La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), declaró que el problema de la Sierra de Petatlán consiste en los asesinatos y amenazas contra civiles, situación frente a la cual, el gobierno no ofreció acción o respuesta alguna.
Se vieron muy pocos avances en torno a los casos guerrerenses denunciados ante la CoIDH, por los que el Estado mexicano ha sido sentenciado. Respecto al caso de Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente en 1974 a manos del Ejército, la CoIDH reclamó al Estado mexicano a mediados de junio, por el incumplimiento de la sentencia que emitió hace año y medio. En los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, a pesar de los pocos avances de las mesas de trabajo sobre indemnización y reparación de daños, el 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó a ambas mujeres me’phaa que sus casos fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR), -fuero civil-, una de sus demandas más sentidas.
