En 2016, se cumplió una década del inicio de la “guerra” contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con saldos alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos (que aumentan a un ritmo de 11 desapariciones al día según el Centro ProDH), decenas de miles de personas desplazadas, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los 80s. Se han gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a derechos humanos. Además, si bien se habían detenido a algunos capos, seguían operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas. Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar”.

Uno de los actores más cuestionado en esta estrategia ha sido el Ejército, que, fuera de su mandato constitucional, ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. En diciembre, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”. Expresó: “Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. EPN afirmó posteriormente que los militares seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente (…) de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Para estas fechas justamente estaba en discusión en el Congreso una iniciativa de Ley de Seguridad Interior. El Centro Pro DH cuestionó que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción”.

Por otra parte, en su informe “Los Caminos de la Resistencia”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) ratificó la vigencia del Conflicto Armado Interno en Chiapas al explicar “en primer lugar, no hay un acuerdo de paz y nunca se han atendido las demandas del EZLN; en segundo lugar, porque el Estado mexicano con acción y aquiescencia mantienen una política de agresiones y también persiste en la estrategia de contrainsurgencia implementada por los distintos niveles de gobierno. La política de cooptación para el control de la población y del territorio para fines políticos y electorales de organizaciones campesinas, indígenas y sociales persiste, a través de otorgar programas y proyectos gubernamentales condicionados. La ruptura del tejido social en comunidades y pueblos continúa de diversas formas (…); y las iniciativas organizativas siguen siendo criminalizadas”. Por otro lado, expresó que “persiste la resistencia y construcción por parte de las comunidades y bases de apoyo del EZLN que, con sus iniciativas, continúan convocando a personas, intelectuales, luchadores y organizaciones independientes de todas partes del mundo”.

No obstante, en este mismo informe, el CDHFBC planteó que las acciones contrainsurgentes rebasan al EZLN y “ahora se complementan con acciones de guerra de amplio espectro”. Mencionó como ejemplo al movimiento magisterial opuesto a la reforma educativa aprobada en 2013, mismo que mantuvo 4 meses de paro laboral enfrentando un contexto de escalada de violencia represiva que culminó en Nochixtlán, Oaxaca, con un saldo de 8 muertos, decenas de heridos y detenidos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron en este marco el uso indiscriminado de la fuerza pública, el incremento de las campañas mediáticas de difamación y criminalización contra el magisterio y la detención arbitraria de al menos 75 personas -entre las cuales figuran varios líderes magisteriales.

Otra fuente de conflictividad político-social: según la revista Proceso, existían más de 250 conflictos sociales por todo el país vinculados en su mayoría al Plan Nacional de Infraestructura (PNI). El PNI prevé la construcción de megaproyectos y cientos de obras tal cual como 16 nuevos gasoductos y 21 proyectos eléctricos, parques eólicos, hidro y termoeléctricas. En oposición a esos planes, se detonaron al menos 52 movimientos sociales o comunitarios cuyos protagonistas sufren recurrentes represiones y agresiones que Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos considera parte de una “estrategia de control social de la población”.

Ello ha derivado en un aumento del fenómeno del desplazamiento forzado, como lo planteó el CDHFBC en un boletín en diciembre de 2016: “A las ya históricas cifras del desplazamiento forzado de comunidades que desde 1994-2000 no pudieron regresar a sus territorios por las amenazas de grupos paramilitares; se suman centenas de desplazados y desplazadas en un nuevo contexto de guerra, de la violencia de poderes fácticos que en la convivencia de gobiernos, empresas y delincuencia organizada están destruyendo la vida de los pueblos y comunitaria en general, rompiendo el tejido social, teniendo como finalidad el control y despojo territorial así como la eliminación de la organización autónoma de los pueblos originarios”.

El tema de la Tierra, el Territorio y los recursos naturales, se ratificó como el centro de varias estrategias de defensa de los pueblos: en noviembre, tras 12 días de caminata por 11 municipios de las zonas Norte, Selva y Altos, miles de peregrinos llegaron a San Cristóbal de Las Casas, donde denunciaron la inseguridad que viven en sus pueblos. Pertenecen al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), “compuesto por 10 parroquias de 11 municipios y 1 ejido” cuyo objetivo es “organizar y animar a los pueblos indígenas de la zona para construir nuestra autonomía como pueblos originarios y así defender a nuestra Madre Tierra”.

En términos de conflictividad político-social, también vale la pena mencionar que desde las elecciones municipales de 2015, la victoria del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) ha desatado varios conflictos y violencia en zonas anteriormente dominadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Chamula, Oxchuc, Chanal y Chenalhó.

En octubre, en el marco del 20° aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI), se llevó a cabo el Quinto Congreso Nacional Indígena, en San Cristóbal de Las Casas. Al finalizar el evento, el CNI y el EZLN publicaron el comunicado “Que retiemble en sus centros la tierra” (parafraseando el himno nacional), en el que denunciaron 27 agravios que enfrentan los pueblos indígenas en el país. Lo que generó más revuelo fue el anuncio del inicio de una consulta a sus bases para ver la conveniencia de nombrar un concejo indígena de gobierno y de invitar a una mujer indígena a que les represente en las elecciones presidenciales de 2018.

En noviembre, a 33 años de su fundación, el EZLN aclaró que “el CNI es quien va a decidir si participa o no con una delegada propia, y, dado el caso, contará con el apoyo del zapatismo”. Pero, “No, ni el EZLN como organización, ni ninguno de sus integrantes, va a participar por un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2018. No, el EZLN no se va a convertir en un partido político. No, el EZLN no va a presentar a una mujer indígena zapatista como candidata a la presidencia (…). No, el EZLN no ha dado un giro de los grados que sean, ni seguirá su lucha por la vía electoral institucional”.

Para diciembre, el CNI y el EZLN confirmaron la decisión de seguir adelante con la propuesta que ya había sido consultada en 525 comunidades de 43 pueblos en 25 estados. 430 de ellas la aprobaron.