Desde su elección en 2012, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) buscó cambiar la percepción de la “Guerra contra las Drogas” que declaró el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), llevando el discurso y la estrategia a un “México en Paz”. Sin embargo, la realidad anotó un escenario distinto y no se logró una disminución significativa en las cifras de la inseguridad. Para 2015, el gobierno mexicano reconoció 54 mil 454 asesinatos intencionales, sumando 185 mil 428 homicidios de esta naturaleza desde el 2006.

Por otro lado, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero en septiembre de 2014, y los escándalos alrededor de personas cercanas a EPN impactaron negativamente en la aprobación de su gestión. Eso se dio además en un contexto adverso y lejano al que prometió en campaña, debido al bajo crecimiento económico, la devaluación del peso, el desplome del precio del petróleo y la profundización de la pobreza. El Latinobarómetro de 2015 indicaba que México era el país menos satisfecho con su democracia: un 19% de los entrevistados expresaron estar complacidos con su sistema de gobierno, lo cual representa la mitad del promedio de la región. Sólo un 21% consideró que el país era gobernado para provecho de la sociedad y no de unos cuantos.

En el caso de Chiapas, si tuviéramos que resumir el plazo que cubre este análisis en una sola palabra, sería “bloqueos”, ya que por todo el estado se llevaron a cabo bloqueos de carreteras por parte de distintos actores como forma de expresión de inconformidad o como un medio de presión hacia el estado. Algunos de ellos dieron pie a situaciones violentas. Todos ellos limitaron drásticamente el libre tránsito a lo largo del año.

Un actor relevante en estas expresiones de inconformidad fue el magisterio. Varios enfrentamientos con la policía dejaron el saldo de un profesor muerto, varios detenidos y heridos. También se multiplicaron las denuncias de actores sociales sin que encuentren un eco en las campañas electorales previstas este año, mismas que delineaban pocas propuestas ante sus demandas. En febrero, un tema de alerta fue la posibilidad de reactivación minera: en una carta dirigida al párroco de Simojovel firmada por un representante del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Geoquímica y Perforación SA de CV (GYMSA), se le solicitaba que intercediera ante las representaciones de las comunidades “para tener acceso a sus territorios comunales y particulares” donde, en un lapso de tres meses, “tiene programado llevar a cabo la cartografía geológica de la región”.

Por otro lado, en marzo, finalizó en Tuxtla Gutiérrez la peregrinación del Pueblo Creyente de Simojovel. Dicha acción nació alrededor de una serie de demandas que incluyen un alto a la violencia y la narcopolítica en este municipio desde hace dos años. Las autoridades hicieron caso omiso mientras se fueron agudizando las amenazas hacia el párroco, Marcelo Pérez Pérez, y el equipo parroquial.

Las elecciones municipales del 7 de junio se dieron en un contexto de tensión debido a las movilizaciones magisteriales en días previos. Se habló de la llegada de por los menos 18 mil militares y policías federales para garantizar que se pudieran llevar a cabo. Según la Red de Mujeres Observadoras Electorales, en un 90% de las localidades se reportaron delitos electorales, como coacción, amenazas, condicionamiento de programas y servicios públicos, entre otros. El 46.4% de la población integrada al padrón electoral se abstuvo de votar mientras un 5.8% anuló su voto. El resto de la votación dio una clara victoria a la alianza de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos candidatos resultaron triunfadores en los 12 distritos que comprende el estado, obteniendo el 69.4% de la votación. En términos netos, el PVEM se consolidó como la primer fuerza política en el estado, al obtener el 45.6% de los sufragios.

Por otro lado, se dieron varias agresiones en territorios zapatistas en 2015, y en agosto, fueron liberados los dos acusados del homicidio del maestro Galeano, José Luis Solís López, asesinado en mayo de 2014 en la Realidad, municipio de las Margaritas. No obstante, el EZLN realizó varias acciones en 2015: en mayo, se llevó a cabo el Seminario titulado “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista” con la participación de más de mil 500 personas de México y de otros países y en julio, el EZLN anunció también la realización del segundo nivel de la Escuelita zapatista.

Finalmente, en cuanto a impunidad, en octubre, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal participó en una audiencia pública ante la CIDH en Washington por el caso de la Masacre de Acteal (1997). Reiteró que “estuvo planeada por el propio Estado mexicano” y que ante “el cinismo del Estado mexicano de negar su responsabilidad en la masacre de Acteal; decimos (…) que NO aceptamos llegar a una solución amistosa”.