9 de enero: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite un informe, en el cual evidencia las fallas de las autoridades en los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando el uso de la fuerza letal en contra de una manifestación estudiantil de normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, dejó como saldo la muerte de dos estudiantes y de un trabajador en una gasolinera.

17 de enero: El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos solicita la intervención urgente de la comunidad internacional, ante los nulos avances en la investigación oficial a propósito de la desaparición forzada, el pasado diciembre, de los defensores de derechos humanos Marcial Bautista Valle, presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), y Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la misma organización.

21 de enero: Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), es detenido en el municipio de Ayutla de los Libres por policías ministeriales, acusado de homicidio de un dirigente priísta de la zona ocurrido en febrero de 2011.

29 de enero: La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), impugna la sentencia en la que familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua privado de la vida por soldados en 2009, obtuvieron un amparo en contra de la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juicio en este caso.

4 de marzo: Se realiza la visita de una delegación de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CAEG) al defensor Maximino García Catarino, que se encuentra preso en Ayutla de los Libres. Los abogados declaran que «no hay motivos para que el Estado mexicano lo mantenga en prisión», por lo que consideran el encarcelamiento como «injusto«.

6 de marzo: En nombre del Estado mexicano, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la procuradora General de la República, Marisela Morales, piden disculpas públicas a Inés Fernández Ortega, mujer indígena tlapaneca violada por militares en el 2002.

20 de marzo: Maximino García Catarino, dirigente indígena de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y beneficiario de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), logra su libertad absoluta, después de haber sido detenido arbitrariamente el 21 de enero de 2012 por la Policía Ministerial de Ayutla de Los Libres. A unos minutos de haber salido del penal, recibe una llamada telefónica amenazándolo de muerte si no deja de exigir justicia.

28 de marzo: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite una recomendación por la investigación hacia las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, contra estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa.

12 de abril: Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) protestan ante el Instituto Electoral del Estado (IEEG), debido a que la institución no difundió la ley que establece que los pueblos indígenas pueden elegir a sus representantes populares a través de los usos y costumbres que prevalecen en varios municipios de la entidad.

16 de mayo: En un pronunciamiento conjunto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y el Monitor Civil de la Policía expresan preocupación por «(e)l reciente anuncio del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de que próximamente comenzará a sustituir con soldados a los policías estatales que se encuentren en edad de jubilación o no hayan aprobado los exámenes de acreditación».

23 de mayo: El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denuncia que Vidulfo Rosales Sierra, abogado de la organización y beneficiario de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), recibió una amenaza de muerte anónima por el trabajo que ha realizado en defensa de los derechos humanos en Guerrero.

30 de mayo: El presidente Felipe Calderón Hinojosa anuncia la puesta en marcha de la estrategia integral de reconstrucción del tejido social Todos por Acapulco, la cual es el último de los tres ejes del Operativo Coordinado Guerrero Seguro e incluye cinco puntos de atención: educación, salud, pobreza, desarrollo económico y recuperación de espacios públicos.

15 y 16 de junio: comunidades y pueblos de la Montaña, de la Costa Chica, autoridades tradicionales, organismos civiles, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos y resistencias que dan vida y fuerza a la tradición guerrerense de lucha, se reúnen en el marco del XVIII Aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para realizar el Foro «Desde el corazón de las luchas».

22 de junio: Durante la audiencia a la que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para conocer el informe relativo al grado de cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, dictada el 23 de noviembre de 2009, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, expone su inconformidad porque dicha resolución se ha incumplido y no se ha buscado a su padre.

1 de julio: Se organizan elecciones para presidente de la República, presidentes municipales, diputados locales y senadores y diputados federales en el estado. En los resultados preliminares, los candidatos de la izquierda tanto para senadores y diputados federales, como a alcaldes y diputados locales, se llevan casi todos los cargos.

11 de julio: La radio comunitaria de Xochistlahuaca, Costa Chica, denominada Radio Ñomndaa, emite un comunicado en el que denuncia amenazas hacia este medio por parte de la familia priísta Rocha Ramírez, familia que estuvo en el poder político durante muchos años y que perdió la elecciones municipales el pasado 1 de julio.

12 de julio: Un tribunal ratifica el punto final al proyecto hidroeléctrico La Parota al negar el amparo promovido por un grupo minoritario de comuneros a favor de la presa.

16 de julio: Organizaciones de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales, envían una carta al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Poiré, en la que manifiestan que han transcurrido ya dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió las sentencias a favor de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas por militares en 2002, y «a la fecha prevalecen graves rezagos en su cumplimiento».

9 de agosto: El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien se exilió unos meses del país al ser amenazado por sus funciones como defensor de derechos humanos, regresa a México y se reincorpora a sus actividades.

16 de agosto: La Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) resuelve el amparo promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que en 2009 fue ejecutado por soldados, ordenando que la causa penal iniciada por el homicidio sea remitida al fuero civil federal.

16 de agosto: Se lleva a cabo la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec, entre integrantes del Consejo de Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) y el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a través del cual se confirma que el gobierno estatal no apoyará, ni impulsará la construcción de la presa hidroeléctrica «La Parota».

29 de agosto: El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Máximo Tranquilino Santiago es liberado «por falta de elementos», luego de más de 24 horas de haber sido detenido por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acusado de secuestro.

17 de octubre: Organizaciones civiles, comerciantes, transportistas y estudiantes marchan en Acapulco para protestar por «las arbitrariedades y abusos» cometidos por integrantes de la Policía Federal (PF) desde que iniciaron los operativos de Guerrero Seguro.

21 de octubre: Familiares de desaparecidos en Atoyac de Álvarez durante la guerra sucia demandan a la Comisión de la Verdad (Comverdad) que intervenga para pedir a las autoridades que brinden seguridad a los que recibieron el pago por la reparación de daños del gobierno federal, porque a muchos los han plagiado o amenazado por el dinero que reciben.

31 de octubre: Unos 700 habitantes de Olinalá, región de La Montaña, algunos armados con escopetas, instalan barricadas en los accesos a la cabecera municipal para impedir el ingreso de la delincuencia organizada.

11 de noviembre: Juventina Villa Mojica, dirigente de los campesinos ecologistas de la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, región de la Costa Grande, denuncia que ese día fueron asesinados dos de sus sobrinos.

14 de noviembre: En el marco de la inauguración de la IX Reunión del Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Belém Do Pará» (MESECVI), Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena me’phaa, recibe un reconocimiento por su lucha.

14 de noviembre: Estudiantes de Normales Rurales del país llevan a cabo una marcha en Chilpancingo en rechazo a lo que llaman acciones violentas en su contra, además de exigir justicia en el caso del homicidio de dos de sus compañeros asesinados el 12 de diciembre del 2011.

21 de noviembre: Autoridades federales y estatales ofrecen una disculpa pública a las víctimas del desalojo de normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el pasado 12 de diciembre del año pasado, en el que murieron dos estudiantes y el trabajador de una gasolinera.

28 de noviembre: La dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, y su hijo son ejecutados durante una emboscada en la Sierra Madre del Sur. Los activistas fueron atacados a pesar de que eran resguardados por al menos 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año pasado.

30 de noviembre: Habitantes de la comunidad La Laguna, municipio Coyuca de Catalán, arriban a Puerto de los Ollas custodiados por elementos del Ejército y de la Policía estatal, tras los asesinatos de la dirigente ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, dos días antes.

12 de diciembre: Padres de familia, estudiantes y miembros de organizaciones sociales marchan en Chilpancingo y condenan que un año después del asesinato de dos alumnos de la normal rural de Ayotzinapa durante el desalojo fallido realizado por policías estatales y federales, el crimen continúe en la impunidad.