En 2009, México llegó a ocupar la primera plana de los periódicos a nivel internacional tanto por la situación de violencia vinculada a la delincuencia organizada, como por la epidemia de la influenza AH1N1. A nivel interno, sin embargo, la cobertura mediática sobre estos dos puntos no lograron opacar una agudización de la situación de pobreza, ni la multiplicación de quejas contra la presencia del Ejército en las calles.

Por otro lado, puede resultar llamativo el hecho que tantos mexicanos hayan llegado a dudar de la misma existencia del virus AH1N1 debido, en buena medida, a la falta de credibilidad de las instituciones. Esta brecha de descreimiento se reflejó en muchos planos, uno de ellos es el electoral: El 5 de julio, se realizaron elecciones para ocupar más de 1.500 cargos públicos en el país. La abstención alcanzó el 55,19% y el voto nulo el 5,40%. El voto nulo había generado un significativo movimiento previo a los comicios. Aún tomando en cuenta la baja participación real, tras casi 12 años de haber perdido el control de la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que se había mantenido en el poder por más de 70 años hasta el 2000) fue el gran ganador de la jornada. De un total de 500, alcanzó una representación de 237 diputados.

Nuevamente desde una perspectiva mediática nacional o internacional, Chiapas quedó lejos de los reflectores. En junio, se realizó el primer Encuentro Americano Contra la Impunidad en el caracol zapatista de Morelia. La impunidad fue denunciada reiteradamente como hecho del pasado y presente en América Latina.

En Chiapas, el caso más sonado -y en todo caso paradigmático-, tuvo que ver con el hecho que entre agosto y noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a 35 indígenas sentenciados por la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó (Altos) en 1997. La SCJN tomó su decisión argumentando que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la PGR. Cabe subrayar que la SCJN no determinó que los excarcelados fueran inocentes. Por ello, se ha cuestionado la resolución por no tomar en cuenta el contexto en el que ocurrió la masacre de Acteal y la guerra que sigue en curso en Chiapas.

En agosto, salieron a la luz pública documentos oficiales estadounidenses desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), indicando el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra las bases zapatistas en los ’90s. A finales de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que contaba con elementos que implicarían a varios altos funcionarios federales y estatales en conductas de omisión y de negligencia sobre el caso Acteal.

Otra dimensión de la decisión de la SCJN no menos preocupante es el impacto que ha tenido en Chenalhó y varias otras regiones de Chiapas donde se leyó como mensaje de impunidad, abriendo la posibilidad de que se reanudaran acciones de corte paramilitar. Demostrando cierto realismo político, el gobierno de Chiapas ha buscado prevenir el regreso de los excarcelados a Chenalhó para evitar confrontaciones, ofreciéndoles tierras, vivienda y trabajo.

Por lo demás aunque poco se habla en medios de la vigencia del conflicto armado no resuelto, a lo largo del año, se reportaron múltiples cateos e incursiones militares afectando a zapatistas y no zapatistas en el Centro (alrededores de Venustiano Carranza), la Selva Fronteriza, y los Altos.

Por otro lado, se siguió denunciando hostigamiento contra comunidades zapatistas fundamentalmente por agresiones de grupos indígenas y campesinos vinculados a grupos de poder locales o al gobierno del estado, los que pretenden desgastar la resistencia a través de agresiones de mayor o menor gravedad que pueden derivar en violencia o no (ocupación de «tierras recuperadas», robos o destrucción de cosecha, etc). Las siglas de las organizaciones implicadas cambian, la estrategia de confrontar a grupos indígenas entre sí ha sido una constante en todo este proceso.

De manera más general, la mayoría de los conflictos sociales en 2009 derivan del tema territorial: la resistencia a la explotación minera en ocho municipios, o a la construcción de la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (Mitzitón, por ejemplo), la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul (caso de Bachajón), la lucha contra las altas tarifas de la luz eléctrica, etc. Cabe subrayar que varios de estos procesos organizativos son adherentes a la Otra Campaña convocada por los zapatistas a finales de 2005.

En los rasgos más preocupantes, se ha podido observar una creciente criminalización de la lucha social no afín al gobierno estatal, que incluye a organizaciones independientes, defensores de derechos humanos y a la Iglesia católica local, dándose un paralelismo que retrotrae al Estado de los años ’90.

En noviembre, el periódico La Jornada había publicó fragmentos del informe «Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza», elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que pretende documentar la existencia de una «red subversiva» que estaría planificando actos de desestabilización para el 2010, y cuyo eje sería el párroco católico de Venustiano Carranza, Jesús Landín. Dicho informe parece «justificar» tanto los hostigamientos denunciados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la diócesis y otros actores sociales, como las acciones policíacas y militares en Venustiano Carranza y municipios cercanos.

Frente a los rumores de posibles estallidos sociales en 2010, se dio un aparente cambio de estrategia gubernamental buscando adelantarse a lo que pudiera darse. A finales de noviembre, diputados del congreso de Chiapas intentaron aprobar una iniciativa para el reconocimiento legal de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas (JBG), que al decir de los legisladores había sido solicitada por las comunidades zapatistas, hecho que desmintieron las JBG al día siguiente. El 29 de diciembre, el Congreso local aprobó la «Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas», con el objetivo de «reconocer los Acuerdos de San Andrés». Analistas y organizaciones cuestionaron el carácter discursivo y mediático de esta iniciativa al quedar acotado el reconocimiento de los derechos indígenas, «siempre y cuando no contravengan los preceptos de las constituciones estatal y federal o derechos de terceros».

Por primera vez en 16 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no celebró -por lo menos públicamente-, el aniversario del levantamiento armado del 1º de enero de 1994. Este día los Caracoles se cerraron generando cierta especulación y fomentando rumores respecto a los planes de los zapatistas para el tan simbólico 2010 (a 200 años de la Independencia y 100 años de la Revolución Mexicana).